sábado, 25 de abril de 2009

Comunicado de los Arzobispos y Obispos ante los últimos acontecimientos en Venezuela

Exhortaciòn de la XXXIX Asamblea Extraordinaria Plenaria. Convivencia Democrática

Venezuela. Eduardo Galindo Peña. CNP. 11.410. Los Arzobispos y Obispos de la Conferencia Episcopal venezolana exhortaron en la XXXIX extraordinaria plenaria de convivencia democrática efectuada en la ciudad de caracas el jueves 23 de abril de 2009 donde manifestaron algunas reflexiones por los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela. Por lo que trascribiremos este comunicado del clero venezolano:

Nuestras inquietudes en el momento presente:
La referencia que hacemos frecuentemente sobre temas relacionados con la vida social y política de nuestro país obedece al derecho y deber que tenemos de buscar el bien de toda la sociedad venezolana, en el seno de la cual son muchas las voces que alertan sobre la gravedad del momento que está viviendo nuestra nación y denuncian problemas que amenazan nuestra convivencia democrática. Sobre todo en los últimos meses se han polarizado más las posiciones y desde el poder se toman decisiones que están al margen o en contra del espíritu y la letra de la Constitución, ley fundamental de la República, reflejando así una mayor radicalización del proceso revolucionario.

Reconocemos que en estos años se han hecho esfuerzos reales para lograr la inclusión de los sectores más excluidos; pero también se han multiplicado las actuaciones que generan o refuerzan la exclusión de otros sectores, al ir reduciendo o negando espacios de participación y ciudadanía. Los Obispos, fieles al Evangelio, que proclama bienaventurados a los que "construyen la paz" (Mt 5,9), hemos apostado, y seguimos apostando, por un país en el que quepamos todos y nos respetemos todos, se busque la superación de las desigualdades escandalosas que nos han caracterizado, se supere la falta de oportunidades que muchos han padecido, y en el que todos encuentren la posibilidad de un ejercicio responsable de su libertad sin temores ni amenazas. No es posible lograr entendimiento ni tener paz en una nación en la que un gobierno pretenda imponer a la fuerza su proyecto de país a toda la población, más aún cuando tal pretensión ha sido rechazada electoralmente, como sucedió en Venezuela en el Referéndum del 2 de diciembre de 2007.

Nos preocupa que diversos actores de la sociedad desconozcan la voluntad popular, expresada en las elecciones regionales de noviembre de 2008, e impidan o coarten la acción de autoridades elegidas legítima y democráticamente por el pueblo. De esa manera se entorpece la existencia de una sociedad plural y se generan dudas sobre la validez y eficacia del voto en los comicios electorales. Aumentan las críticas a la creciente arbitrariedad en la administración de justicia, en la que no se trata a las personas desde su condición de ciudadanos, iguales ante la ley, sino por su adhesión ideológica o militancia política. Es inaceptable jurídica y éticamente que no se siga el debido proceso, que se apliquen medidas diferentes según el grupo al que se pertenezca, que se difame y condene a las personas antes de ser juzgadas, que se sentencie basados en argumentos que no tienen relación directa con las acusaciones y se condene sin pruebas fehacientes, que se apliquen penas desproporcionadas que manifiestan retaliación política.

Los frecuentes conflictos laborales revelan una aguda crisis económica y social, agravada por la crisis financiera mundial. En los últimos años en Venezuela el valor del trabajo humano ha sufrido un notable deterioro. Se ha substituido en forma masiva el empleo por el trabajo informal, contratado y temporal, y por la ocupación sin derechos. La estabilidad laboral ha sido substituida por la subcontratación, inclusive en la administración pública. No se puede confundir el empleo con un subsidio mensual aportado por el Gobierno, ni con estar subcontratado por el Estado sin estabilidad laboral, sin derecho a organizarse, sin contratación colectiva y sin poder ejercer el derecho a la huelga. Ciertamente ha crecido la ocupación, el asistencialismo y el trabajo informal, pero ha caído el empleo estable, productivo y de calidad. El desempleo es una de las principales causas de la pobreza generalizada y de la delincuencia. Ante la cercanía del 1º de Mayo, día del trabajador y fiesta de San José Obrero, como Pastores exhortamos a los responsables del mundo laboral a buscar caminos que conduzcan a la dignificación de los trabajadores y de sus familias.

El derecho que tiene la ciudadanía a una información veraz se ha visto mermado por una progresiva escalada de intervenciones oficiales que se propone limitar la autonomía de los medios de comunicación. Para ello se aplican criterios diversos: unos para los medios oficiales o afectos al proceso, y otros para los demás. A medida que se implante tal hegemonía, se irá reduciendo la democracia. Este conjunto de situaciones, que pone de relieve una progresiva identificación de partido-gobierno-estado, al mismo tiempo que propicia la exclusión y refuerza la polarización y división del país, produce una crisis en el sistema democrático. La democracia supone separación de poderes, pluralidad de pensamiento e igualdad de condiciones Más allá de los discursos, la democracia debe caracterizarse, sobre todo, por el interés real a favor de la gente y por la solución efectiva y justa de sus problemas diarios.
Propuestas
Estas inquietudes nos afectan como ciudadanos, porque sentimos la responsabilidad de participar, con muchos otros, en la construcción de una sociedad más justa; como cristianos, porque aspiramos a que el Reino de Dios se haga cada vez más presente en nuestra patria venezolana por la promoción y vivencia de valores auténticos, tal como el Señor Jesús nos enseñó con sus palabras, y de los que nos dio ejemplo con su vida.; y como pastores, porque queremos ser fieles a la misión recibida de animar y confirmar a nuestros hermanos en la fe, sostenerlos en la esperanza y crecer en el amor, para que sean fermento de justicia y de paz. Mirando hacia el futuro reiteramos la exigencia de racionalidad, a la hora de plantearse soluciones para los problemas, y la necesidad de adoptar una actitud de colaboración crítica que se rija y oriente por la búsqueda del bien común. Expresamos también la convicción de que el evadir la propia responsabilidad resulta la peor vía, pues no conduce al logro de metas y aspiraciones.

Exhortamos una vez más a todos a proponer caminos de entendimiento y de consenso que nos permitan mejorar, corregir y crecer, generar esperanza, y animar los cambios profundos que se deben producir en las personas y en las instituciones, aun a sabiendas de las dificultades y límites. ¡Venezuela tiene futuro!, y debemos construirlo entre todos. Para ello es indispensable que todos reconozcamos la existencia de los que no están con nosotros, de los que piensan distinto. Es necesario restaurar o fortalecer el Estado de Derecho. Como Pastores nos sentimos comprometidos a defender todos los derechos humanos, a contribuir decididamente a la erradicación de la pobreza en la sociedad venezolana, y a promover la defensa de la vida y cuanto eleve el valor y la dignidad de la persona. En estos objetivos debe hacerse concreta la solidaridad con todos y la búsqueda de paz y justicia social. Es indispensable que en el centro de intereses y discusiones se ponga la vida cotidiana de la gente, la solución de sus problemas e inquietudes, antes y por encima del discurso meramente ideológico, que pospone y aleja las soluciones. El diálogo y la superación de la desconfianza entre las varias corrientes de pensamiento favorecerán la construcción de políticas adecuadas.
Conclusión
Estas inquietudes, que descubrimos en la vida del pueblo venezolano, las ponemos en manos de nuestra Madre, María de Coromoto. Invitamos a todos a confiar en Ella, y a pedirle que nos anime a ser discípulos y misioneros de su Hijo en esta hora en que nuestro país reclama la colaboración de todos para impulsar un futuro de mayor esperanza y unidad en el país. Con nuestra bendición. LOS ARZOBISPOS Y OBISPOS DE VENEZUELA. Caracas, 23 de abril de 2009.

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