Protesta Mundial “Cable sin Mordaza”:

Los países y ciudades que participaron (y enviaron las fotos y videos) son los siguientes:

Venezuela:

San Fernando, Edo. Apure
Maracay, Edo. Aragua
Valencia, Edo. Carabobo
Caracas, Distrito Capital
Barquisimeto, Edo. Lara
Acarigua, Edo. Portuguesa

Otros países:

Madrid, España
Los Ángeles, EEUU
Managua, Nicaragua
Lima, Perú

http://picasaweb.google.com/sebastianfranciscodemiranda/CableSinMordaza#

La red mundial “Un mundo sin Mordaza” (“A World without censorship”), se hizo presente en las sedes de las operadoras de televisión por cable que transmitían el canal RCTV Internacional, ubicadas en gran parte del continente americano y en España, para entregarles un documento en referencia al caso de la salida del aire de este canal.

Rodrigo Diamanti, vocero de “Un Mundo Sin mordaza”, afirmó: “Hemos acudido a la sede de DirecTV y otras operadoras a manifestar nuestro descontento, pues han cedido a las presiones del gobierno venezolano y se han hecho cómplices de la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Por eso, le damos 24 horas a DirecTV para que restituya la señal de RCTV Internacional y RCTV Mundo, y se respete el derecho a la libertad de expresión en dicho país”.

En ese sentido, se entregó un documento, donde se le exige a las cable-operadoras: DIRECTV, Inter, Supercable, NET UNO y Movistar, que restituyan la señal de RCTV Internacional y de RCTV Mundo ya que la decisión de hacerlo fue basada en medidas arbitrarias tomadas por el gobierno venezolano, que violan los derechos humanos de los venezolanos, ya que coartan por completo la libertad de expresión. Luego que RCTV Internacional cumpliera con exigencias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), no existe ninguna razón para que dicho canal sea excluido de la programación.

Los países en los que se realizó la protesta, junto con la consignación del documento fueron: Argentina, Colombia, Estados Unidos –Los Ángeles y New York-, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Venezuela y España. En Venezuela, se realizó la protesta en casi todas las ciudades: San Fernando (Apure), Maracay (Aragua), Barquisimeto (Lara), (Portuguesa), Caracas (Distrito Capital), entre otras.

“Un Mundo sin Mordaza” es un movimiento mundial que defiende la libertad de expresión, que surge con el caso de la persecución de los medios de comunicación en Venezuela pero se extenderá a la defensa de los derechos humanos en cualquier país en la que se encuentren amenazados.

UN MUNDO SIN MORDAZA

Twitter: @sin_mordaza @wo_censorship

unmundosinmordaza@gmail.com

www.sinmordaza.org

Actividad Cable-Mordaza se realizó frente a Inter de San Fernando

Prensa. Un Mundo Sin Mordaza-Apure. La organización un Mundo sin Mordaza y sociedad civil apureña realizaron la actividad denominada “Cable-Mordaza” frente a la operadora de Cable “Inter” ubicada en la Calle Muñoz con Coto Paul de la Ciudad de San Fernando donde un grupo de apureños entregaron un documento que fue recibido por la Jefa del Departamento Técnico de esa empresa Mónica Hurtado. Es por ello, que se trascribe a continuación el texto de la misiva entregada a; Inter-San Fernando;

San Fernando de Apure 01 de marzo de 2010

Sres.

INTER-APURE

Sus manos.-

Quienes suscribimos acudimos ante ustedes para manifestar nuestro absoluto rechazo a las acciones tomadas por ustedes como operadores de televisión por suscripción en territorio venezolano. Es ya un hecho público y notorio que empresas de TV por suscripción, como INTER en Venezuela, han cedido a presiones indebidas del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías para actuar como ejecutoras, en definitiva, de una medida de cierre material y de salida del aire del canal pago RCTV Internacional.

Esto es particularmente grave dado que se percibe con claridad que su empresa, así como otras del mismo ramo, han puesto sus conveniencias económicas y corporativas por encima de la debida consideración de que las presiones a las que ha sido sometida RCTV Internacional constituyen graves violaciones a los DDHH (e incluso Crímenes de Lesa Humanidad, en los términos en que lo pauta el Art. 7º del Estatuto de Roma) contra millones de Venezolanos, situándose así en la postura de ser “brazos ejecutores” de tales actos abusivos y exponiéndose, a la vez, a las responsabilidades legales internacionales, personales y corporativas, que derivan de la intervención voluntaria e ilegal de su empresa en la materialización de tales actos lesivos a los derechos y valores propios de la más elemental dignidad humana.

El pasado Lunes 22 de Febrero de 2010 Marcel Granier, presidente de RCTV, anunció que se habían presentado ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) todos los documentos necesarios para que la señal de RCTV Internacional pueda ser transmitida a través de los canales de suscripción por cable, lo que evidencia que en este momento no existe ningún impedimento legal para que esta situación se mantenga, y sitúa a las empresas de suscripción, entre ellas a INTER, ante la ineludible obligación de no prestarse a seguir siendo cómplices en el ataque evidente desde el gobierno venezolano a la ciudadanía, concretamente, a nuestra libertad de elección sobre lo que deseamos o no deseamos ver en televisión.

Los Sin Mordaza y las demás ONGs que suscriben este documento creemos que lejos de apoyar o de convalidar actos abusivos del poder contra la ciudadanía, empresas como la suya deben colaborar activamente en la restitución de los derechos vulnerados y contribuir al alivio la difícil situación que los venezolanos estamos atravesando en este momento que ha sido reconocida, además, por organismos tan importantes como la Comisión Interamericana de DDHH en su último informe especial sobre Venezuela.

Instamos con todo respeto, pero con vehemencia, a que su empresa y su directiva dejen de ser cómplices del poder en los graves atentados contra la dignidad humana y contra nuestros derechos fundamentales que se han materializado con la salida del aire, incluso en la televisión por suscripción, de RCTV Internacional.

Atentamente,

Un Mundo Sin Mordaza y Sociedad Civil apureña

CIDH de la OEA publica informe sobre venezuela

Fuente: http://www.cidh.oas.org/Default.htm

COMUNICADO DE PRENSA

No. 20/10

cidh publica informe sobre venezuela

Washington, DC, 24 de febrero de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.

La CIDH identifica una serie de aspectos que restringen el pleno goce de los derechos humanos. Entre otros, la CIDH analiza una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. El Informe hace referencia a que no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno. La Comisión encuentra además que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. La Comisión considera que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres.

En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH reconoce los logros del Estado relacionados con la progresiva vigencia de estos derechos, entre los que se destacan la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza, y el incremento en el acceso de los sectores más vulnerables a servicios básicos como la salud. Asimismo, la Comisión señala que existen serias falencias en materia de derechos sindicales así como también en relación con el derecho de los pueblos indígenas a su territorio.

La Comisión resalta que en aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble y, conforme señala la Convención Americana en su preámbulo, “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.

Al concluir el Informe, la Comisión considera que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado frente al ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y a campesinos, y sobre todo la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, son factores que contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela y han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana.

La CIDH considera que, el Estado debe aumentar sus esfuerzos para combatir estos desafíos y alcanzar una mejor y más efectiva protección de los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.La CIDH elaboró este informe sin haber podido realizar una visita de observación a Venezuela debido a la negativa del Gobierno a otorgar su anuencia. La última visita de la Comisión a Venezuela se llevó a cabo en mayo de 2002. Las observaciones realizadas durante la visita fueron reflejadas en el informe que la CIDH publicó en diciembre de 2003. A partir de entonces la Comisión ha realizado múltiples gestiones en búsqueda de la anuencia del Estado para realizar una visita de observación. El hecho de que hasta la fecha el Estado se haya negado a permitir una visita de la CIDH no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que debilita seriamente el sistema de protección colectivo creado por los Estados Miembros de la Organización.

La Comisión analiza en el informe la evolución de los derechos humanos en Venezuela a partir de información recibida a través de sus diversos mecanismos de protección. Asimismo, la Comisión fundamenta su análisis en información enviada por el Estado de Venezuela en atención a solicitudes de la Comisión.

La Comisión Interamericana reitera su ofrecimiento de colaborar con el gobierno, así como con la sociedad venezolana en su conjunto, a fin de dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones contenidas en su informe y contribuir así con el fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático en Venezuela. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Enlaces útiles:

Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela

Versión completa del informe en pdf

Sitio web de la CIDH

PRESS RELEASE

N° 20/10

IACHR PUBLISHES REPORT ON VENEZUELA

Washington, D.C., February 24, 2010 — The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) today published the report entitled Democracy and Human Rights in Venezuela.

In the report, the IACHR identifies a series of issues that restrict the full enjoyment of human rights. Among other issues, the IACHR analyzes a series of conditions that indicate the absence of an effective separation and independence of the public branches of power in Venezuela. The report finds that not all individuals are ensured full enjoyment of their rights irrespective of their positions on government policies. The Commission also finds that the punitive power of the State is being used to intimidate or punish people on account of their political opinions. The Commission believes that conditions do not exist for human rights defenders and journalists to be able to freely carry out their work. The IACHR also detects the existence of a pattern of impunity in cases of violence, which particularly affects media workers, human rights defenders, trade unionists, participants in public demonstrations, people held in custody, campesinos (small-scale and subsistence farmers), indigenous people, and women.

In terms of economic, social, and cultural rights, the IACHR recognizes the State's achievements with regard to the progressive observance of these rights, including, most notably, the eradication of illiteracy, the reduction of poverty, and the increase in access by the most vulnerable sectors to basic services such as health care. In addition, the Commission notes that there are serious shortcomings with respect to union rights as well as in relation to the right of indigenous peoples to their lands.

The Commission emphasizes that observance of other fundamental rights cannot be sacrificed for the sake of realizing economic, social, and cultural rights in Venezuela. Human rights constitute an indissoluble whole, and, as the American Convention sets forth in its preamble, “the ideal of free men enjoying freedom from fear and want can be achieved only if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social, and cultural rights, as well as his civil and political rights.”

In the report's conclusions, the Commission finds that political intolerance; the lack of independence of the branches of the State in dealing with the executive; constraints on freedom of expression and the right to protest peaceably; the existence of a climate hostile to the free exercise of dissenting political participation and to monitoring activities on the part of human rights organizations; citizen insecurity; violent acts perpetrated against persons deprived of their liberty, trade union members, women, and campesinos; and, above all, the prevailing impunity affecting cases of human rights violations are factors that contribute to the weakening of the rule of law and democracy in Venezuela and that have resulted in serious restrictions to the full enjoyment of the human rights guaranteed in the American Convention on Human Rights.

The IACHR believes that the State must increase its efforts to combat these challenges and achieve better and more effective protection of the rights guaranteed in the American Convention on Human Rights. The IACHR prepared this report without having been able to conduct an observation visit to Venezuela, due the government's refusal to grant its consent. The Commission's last visit to Venezuela took place in May 2002. The observations made during that visit were reflected in the report the IACHR published in December 2003. Since then, the Commission has taken multiple steps to seek the State’s permission to conduct an observation visit. The fact that the State to date has refused to allow the IACHR to visit not only undermines the powers assigned to the Commission as the principal body of the OAS for the promotion and protection of human rights, but also seriously weakens the collective protection system created by the Organization’s Member States.

In the report, the Commission analyzes the evolution of human rights in Venezuela based on the information it has received through its various protection mechanisms. It also bases its analysis on information submitted by the State of Venezuela in response to requests made by the Commission.The Inter-American Commission reiterates its offer to work with the government, and with Venezuelan society as a whole, to effectively comply with the recommendations contained in its report and thereby contribute to strengthening the defense and protection of human rights within a democratic context in Venezuela.

A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Commission is composed of seven independent members who act in a personal capacity, without representing a particular country, and who are elected by the OAS General Assembly.

Useful links:

Democracy and Human Rights in Venezuela Report

Full Report in one pdf file

IACHR Press Office

IACHR Website

Encontronazos de Palabras Chávez y Uribe en Cumbre de Río México agudiza crisis Regional entre ambos Presidentes

Fuente: Reuters. Por Luis Jaime Acosta

PLAYA DEL CARMEN, México (Reuters) - Los presidentes de Colombia y de Venezuela discutieron este lunes 22 de febrero de 2010, acaloradamente en una cumbre de mandatarios de América Latina y el Caribe, un incidente que dejó en evidencia fisuras en la región pese a esfuerzos por buscar la unidad. Durante un encuentro en la cumbre del Grupo de Río, Álvaro Uribe le reclamó a Hugo Chávez por la decisión que adoptó de imponer un embargo comercial a Colombia, y el mandatario venezolano le replicó por un supuesto plan desde territorio colombiano para asesinarlo, que el primero negó.

"Cuando empezó a subir de tono la discusión, Chávez amenazó con irse de la reunión y el presidente Uribe le dijo 'sea varón y quédese a discutir de frente, usted que sólo insulta en la distancia'", dijo a Reuters una fuente de la presidencia de Colombia. El incidente fue confirmado por un mandatario presente en la reunión, que pidió mantener su nombre en reserva. El mandatario venezolano llamó en los últimos meses a Uribe "mafioso", "paramilitar" y "lacayo del imperio". El presidente colombiano ha evitado responder a las agresiones verbales.

La crisis surgió en julio por la decisión de Uribe -el más importante aliado de Washington en América Latina- de firmar un acuerdo que da acceso a militares estadounidenses a siete bases de Colombia para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Chávez, el más fuerte crítico de Estados Unidos en la región, sostiene que desde las bases colombianas el Gobierno de Washington planea una invasión a su país para derrocarlo y frenar su revolución socialista a favor de los más pobres.

El presidente de México, Felipe Calderón, y el de Cuba, Raúl Castro, mediaron entre los dos mandatarios enfrentados para calmar los ánimos, dijeron las fuentes. Después de la discusión, el presidente Chávez salió de la plenaria de mandatarios, mientras que Uribe se quedó reunido con sus colegas, que plantearon un acuerdo para evitar futuros incidentes que deterioren aún más las relaciones binacionales.

PAISES AMIGOS INTERVENDRAN

Posteriormente, Uribe, que aceptó los planteamientos de sus colegas, salió y Chávez entró para escuchar la propuesta que también admitió. "Estos países acordaron conducir sus diferencias a través de un diálogo (...) para lo cual se comprometieron a procurar construir las condiciones que lo hagan posible con el apoyo de un grupo de países amigos de Venezuela y de Colombia", dijo Calderón sin mencionar el incidente.

Uribe, quien se abstuvo de hablar de su discusión con Chávez, dijo que aceptó el acuerdo propuesto por Calderón y otros presidentes. "El Gobierno de Colombia acepta el acuerdo que ha propuesto el Grupo de Río, presidido por el presidente de México y con la participación de muchos de los presidentes", explicó. Uribe explicó que los dos gobiernos evitarán las intervenciones públicas que hagan daño a las relaciones, mientras un grupo de países de mutua confianza para las partes ayuden a superar las diferencias.

"Se les ha ocurrido proponer a Colombia y Venezuela conformar un grupo de amigos y fuimos llamados los presidentes a conversar. Hemos conversado y yo dije estoy de acuerdo que se conforme un grupo de amigos y que recuperemos la confianza de unas relaciones de cooperación que son necesarias", dijo por su parte Chávez. El comercio de Colombia y Venezuela cayó dramáticamente el año pasado desde los más de 7.000 millones de dólares que alcanzó en el 2008 como consecuencia de las restricciones comerciales que ordenó Chávez, según datos del Gobierno colombiano.

(Editado por Hernán García)

Esclavitud Moderna denunciaron 7 médicos cubanos por intercambio petro-médico Cuba-Venezuela

Fuente: http://www.diariodecuba.net

Siete médicos y un enfermero cubanos demandaron a los gobiernos de Cuba y Venezuela y a la empresa estatal PDVSA por presunta conspiración para obligarles a trabajar en condiciones de "esclavos modernos", como pago por la deuda cubana con el Estado venezolano por suministro de petróleo, reportó EFE. Los demandados, "intencional y arbitrariamente", colocaron a los profesionales de la salud en "condición de servidumbre por deuda" y éstos se convirtieron en "esclavos económicos" y promotores políticos, según el documento de la demanda presentada en EE UU, al que EFE tuvo acceso.

La demanda fue interpuesta el pasado viernes ante un tribunal federal de Miami (EE UU) por los médicos Julio César Lubian, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, John Doe y Julio César Diéguez, y el enfermero Osmani Rebeaux.Con la acción legal, que fue asignada a la juez Patricia A. Seitz, los demandantes buscan una indemnización que sobrepasa los 50 millones de dólares, dijo Pablo de Cuba, uno de los abogados defensores."Queremos sentar el precedente de la responsabilidad patrimonial de los Estados sobre sus ciudadanos. Esto es una conspiración predeterminada y dolosa de estos gobiernos y de la empresa para someter a trabajo forzoso y servidumbre por deuda a estos médicos", informó a EFE el letrado.

En la demanda, el abogado Leonardo Arístides Cantón, que lidera la defensa, argumentó que los demandantes viajaron a Venezuela bajo "engaño" y "amenazas" y fueron forzados a trabajar sin límite de horas en la misión Barrio Adentro, en lugares con una alta tasa de delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la "beligerante" frontera con Colombia."Barrio Adentro" es un programa del gobierno de Venezuela que utiliza médicos cubanos y venezolanos para ofrecer servicios de salud en las zonas pobres del país.

La presencia de los profesionales de salud en la nación suramericana es posible mediante el convenio integral de cooperación firmado entre La Habana y Caracas en el año 2000 y modificado y ampliado en 2004.El acuerdo establece que La Habana enviará a Venezuela profesionales del sector de salud a cambio de 100.000 barriles diarios de petróleo suministrados a través de PDVSA.Algunos de esos profesionales fueron asesinados, heridos y varias doctoras violadas, de acuerdo con la demanda.

Cantón dijo que ambas naciones han colocado a personas inocentes y libres bajo condiciones de trabajo forzado, cautiverio y servidumbre por deuda, una "versión moderna de la esclavitud".Los dos países, según el abogado, se han unido en una conspiración sin precedentes en la historia contemporánea, con la única excepción de la esclavitud de la Alemania nazi, en el uso de trabajo forzado.

Subrayó también que "el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial".El gobierno venezolano persigue, intimida, captura y hace regresar a Cuba a médicos y otros profesionales de la salud que se niegan a realizar trabajos forzados o que intenten obtener su libertad para salir del país suramericano, según el documento judicial.Los demandantes afirmaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al régimen venezolano, mientras trabajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina en la nación andina violando las leyes de ese país.

Los médicos y el enfermero fueron sometidos por funcionarios de seguridad de Cuba y Venezuela a una estricta vigilancia y control de sus movimientos, de sus relaciones, además de ser intimidados y coaccionados, de acuerdo con la demanda.Los demandantes lograron escapar y llegar a Estados Unidos, país que les otorgó visas.Esta sería la segunda demanda por presunta "esclavitud moderna" que se interpone en un tribunal de Miami.

En octubre de 2008, un juez dictaminó que el astillero Curacao Drydock Company debía indemnizar con 80 millones de dólares a tres cubanos que alegaron que fueron enviados por La Habana a trabajar en la reparación de barcos y plataformas marinas de Curazao bajo condiciones "inhumanas y degradantes" para pagar deudas. Los abogados dijeron en esa ocasión que el fallo representaba la "primera vez que un tribunal de EE UU responsabilizó a una compañía que negocia con Cuba por trabajos forzados y abusos a los derechos humanos incurridos en forma concertada con el régimen cubano".