COMUNICADO DE PRENSA
No. 42/10
Washington, D.C.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy su Informe Anual 2009 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe consta de cuatro capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2009 y se ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año. Asimismo, el Capítulo IV contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2009.
Respecto a Colombia, la CIDH aborda particularmente los avances y desafíos en el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto, incluyendo la participación de los líderes paramilitares extraditados a los Estados Unidos en los procesos tramitados en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y las actividades de inteligencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, operadores de justicia y la propia CIDH.
Respecto a Cuba, la CIDH prestó particular atención a las situaciones estructurales que afectan gravemente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, en especial respecto a los derechos políticos; las garantías del debido proceso legal e independencia del Poder Judicial; la privación de libertad de los disidentes políticos; las restricciones al derecho de residencia y tránsito; las restricciones a la libertad de expresión; la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, y; la libertad sindical. Además, se reitera que el embargo contra Cuba debe terminar por su impacto en los derechos humanos de la población cubana, pero que éste no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana descritas en este informe.
Respecto de Haití, analiza las situaciones estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos fundamentales de sus habitantes y las graves situaciones de violencia que impiden la debida aplicación del Estado de Derecho; las serias crisis institucionales; los procesos de cambio institucional que pueden tener consecuencias negativas en los derechos humanos; y las graves omisiones en la adopción de normas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
Respecto a Honduras, el capítulo IV del informe anual es un resumen ejecutivo del informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, que se refiere a la situación de derechos humanos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Dicho informe se basó en gran medida en información recogida durante la visita in loco de la Comisión a Honduras, que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto de 2009. De este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesario para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país. La Comisión constató durante su visita que en Honduras, junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.
Respecto a Venezuela, el capítulo IV del informe anual es un resumen ejecutivo del informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, mediante el cual la Comisión analiza la evolución de los derechos humanos en dicho país y en particular, una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. La Comisión también observa que en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno y que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. El informe establece que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. El informe de la CIDH indica que los numerosos actos violentos de intimidación provenientes de grupos privados contra periodistas y medios de comunicación, sumados a las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas con base en la línea editorial, y a la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y que amparan la imposición de sanciones drásticas, entre otros factores, configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia vigorosa fundada en el pluralismo y la deliberación pública. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Enlaces útiles
Discurso del Presidente de la CIDH, Felipe González, al presentar el Informe Anual 2009 ante el CAJP el 15 de abril de 2010
Video de la Presentación del Informe Anual 2009 ante el CAJP
PRESS RELEASE
N° 42/10
IACHR PRESENTS ITS 2009 ANNUAL REPORT
Washington, D.C.—The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) today presented its 2009 Annual Report to the Committee on Juridical and Political Affairs of the Organization of American States (OAS).
The report consists of four chapters that recount the activities carried out by the Commission and its Rapporteurships in 2009 and provide information on the processing of petitions and cases and the granting of precautionary measures throughout the year. In addition, Chapter IV contains special sections on the human rights situation in Colombia, Cuba, Haiti, Honduras, and Venezuela, countries the IACHR believed warranted special attention in 2009.
With respect to Colombia, the IACHR specifically addresses the progress and challenges in the clarification of crimes perpetrated during the conflict. These include the participation of the paramilitary leaders extradited to the United States in the Colombian proceedings held under the Justice and Peace Law, a persistent pattern of violation of the rights to life and to humane treatment, the situation of ethnic groups, and intelligence activities against human rights defenders, community leaders, justice operators, and the IACHR itself.
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009eng/Chap.IV.eng.htm#1.Colombia
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009eng/Chap.IV.eng.htm#1.Colombia
Regarding Cuba, the Commission paid particular attention to the structural situations that seriously affect the full enjoyment of human rights, especially political rights, guarantees of due process and independence of the judiciary, deprivation of liberty of political dissidents, restrictions on the right to freedom of movement and residence, restrictions on freedom of expression, the situation of human rights defenders, and the freedom to associate in labor unions. The Commission also reiterates that the embargo against Cuba must end because of its impact on the human rights of the Cuban population. This, however, does not exempt the State from compliance with its international obligations, nor does it excuse the State for the violations to the American Declaration described in this report.
Regarding Haiti, the Commission analyses the structural situations that seriously affect the enjoyment of the fundamental rights of its inhabitants. It addresses the grave situations of violence that prevent the proper application of the rule of law, the serious institutional crises, the processes of institutional change that can have negative consequences for human rights, and the grave omissions in the adoption of the necessary norms for the effective exercise of fundamental rights.
With respect to Honduras, Chapter IV of the Annual Report is an executive summary of the report Honduras: Human Rights and the Coup d’État, which addresses the human rights situation since the coup d'état of June 28, 2009. This report was largely based on information gathered during the Commission's on-site visit to Honduras on August 17-21, 2009. It can be inferred from the document that the reported human rights violations are a direct consequence of the breakdown of constitutional order. For this reason, the Commission considers that the return to democratic institutions in Honduras is necessary so that conditions may exist for the effective protection of and compliance with the human rights of all inhabitants of that country. The Commission confirmed during its visit to Honduras that, along with the institutional de-legitimization caused by the coup d’état, there have been grave human rights violations, including deaths, arbitrary declaration of a state of siege, repression of public demonstrations using disproportionate force, criminalization of social protest, arbitrary arrests of thousands of people, cruel, inhuman, and degrading treatment and poor conditions of detention, militarization of the territory, an increase in instances of racial discrimination, violations of the rights of women, serious and arbitrary restrictions on the right to freedom of expression, and grave violations of political rights. The IACHR also confirmed the ineffectiveness of judicial remedies to protect human rights.
Regarding Venezuela, Chapter IV of the Annual Report is an executive summary of the report Democracy and Human Rights in Venezuela, in which the Commission examines the evolution of human rights in that country and, specifically, a series of conditions that evidence the lack of effective separation between and independence of the different branches of government in Venezuela. The Commission also notes that in Venezuela the full exercise of their rights has not been guaranteed to all people without regard to their stance towards government policies, and that the punitive power of the State is being used to intimidate or punish persons on the basis of their political opinions. The report establishes that conditions do not exist in Venezuela for human rights defenders and journalists to freely perform their occupations. The Commission’s report indicates that the numerous violent acts of intimidation carried out by private groups against journalists and media outlets, together with the discrediting statements made by high-level officials against the media and journalists on account of their editorial stance and the systematic opening of administrative proceedings based on legal provisions that allow a high level of discretion in their application and enable drastic sanctions to be imposed, along with other factors, make for a restrictive climate that hampers the free exercise of freedom of expression as a prerequisite for a vigorous democracy based on pluralism and public debate. The IACHR has also determined that a pattern of impunity exists regarding cases of violence, which particularly affects journalists, human rights defenders, union members, persons participating in public demonstrations, persons in prison, peasants [campesinos], indigenous peoples, and women. In the opinion of the Commission, all these elements have contributed to the weakening of the rule of law and democracy in Venezuela.
A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Commission is composed of seven independent members who act in a personal capacity, without representing a particular country, and who are elected by the OAS General Assembly.
Useful links
- 2009 Annual Report
- Transcript of the speech by the IACHR Chair in the Presentation of the 2009 Annual Report
- Video of the Presentation of the 2009 Annual Report on April 15, 2010 (in Spanish)
IACHR Web site:
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