martes, 27 de abril de 2010

Sociedad civil apureña protestó contra Cierre de Notillanos en Alcaldía de San Fernando.


Apure. Eduardo Galindo Peña. Un grupo de la  sociedad civil apureña integrado por Un Mundo sin Mordaza-Apure, CNP Apure-Amazonas, Conapro-Apure, Mesa de la Unidad Democrática, chavista a favor de notillanos, gremios y trabajadores apureños, entre otros realizaron una toma pacífica de volanteo, pinta de grafitis en los carros y concentración frente a la Alcaldía de San Fernando de Apure este martes 27 de abril de 2010, para rechazar la retención de 4 mil ejemplares y Cierre del Semanario Notillanos por 180 días por parte del ayuntamiento capitalino apureño efectuado el pasado viernes 23 de abril de 2010.
Cabe destacar, que desde tempranas horas de ese martes 27 de abril de 2010, se apostó un contingente de la Guardia Nacional y Policía del estado Apure. Pero la toma de No al Cierre de Notillanos transcurrió de manera cívica donde el Secretario General del CNP Apure-Amazonas José Ramón González rechazó el grave atropello de cierre del Semanario apureño y comentó que es el principio de una seria de acciones que harán junto a la sociedad civil de la región para que el medio impreso sea aperturado y con este cierre representa un atentado contra la Libertad de Expresión y Prensa  en el país.
Asimismo, un grupo de trabajadores dependiente de la Alcaldía de San Fernando se solidarizó rechazó el Cierre de Notillanos y respaldo la protesta cívica. Pero también argumentaron que la Alcaldía les debe una serie de reivindicaciones salariales. De igual forma, la Mesa de la Unidad Democrática del estado Apure hizo lectura de un comunicado en rechazo a las acciones emprendidas por la Alcaldía de San Fernando para silenciar un medio de comunicación por retaliación política.
También en la toma No al Cierre de Notillanos un Mundo sin Mordaza-Apure quien fue parte organizador de esta jornada de protesta repartió lazos rojos como mordaza a los asistentes y esta organización no gubernamental señaló que esta medida adoptado por la Alcaldía de San Fernando representa un atropello contra un medio de expresión y anunciaron que proseguirán promoviendo acciones de calle de manera pacífica junto con el pueblo apureño tanto opositor como chavista que respalda al Semanario Notillanos y de esta forma cese la retención de 4mil ejemplares y el cierre de 180 días por parte de la Alcaldía del Municipio San Fernando.  

VIDEO YOUTUBE DE SECREATARIO GENERAL DEL CNP APURE-AMAZONAS JOSÉ RAMÓN GÓNZALEZ EN TOMA NO AL CIERRE DE NOTILLANOS


 Fotos de la Toma NO al Cierre de Notillanos



lunes, 26 de abril de 2010

Entrevista en Youtube al Editor y Periodista de Notillanos. Caso retención y cierre de Notillanos por Alcaldia de San Fernando


Entrevista al Editor de Notillanos Vladimir Hidalgo caso retención y cierre por 180 dias del Semanario Notillanos por Parte de Alcaldía de San Fernando

Entrevista a la Periodista de Notillanos Saday Flores caso retención y cierre de este semanario por parte de la Alcaldía de San Fernando

sábado, 24 de abril de 2010

Comunicados en Rechazo al Cierre Temporal del Semanario Notillanos por parte de Alcaldia de San Fernando en Venezuela



San Fernando 24 de abril de 2010
Un Mundo Sin Mordaza Apure rechaza Cierre de Semanario Notillanos en Apure



Un Mundo sin Mordaza-Apure rechaza contudentemente el grave atropello y violación al principio de Libertad de Expresión la medida tomada por Funcionarios de la Alcaldía del Municipio San Fernando del estado Apure al incautar 4 mil ejemplares del Semanario Notillanos el viernes 23 de abril en el Puente María Nieves y después notificar la medida de cierre temporal por 180 dias al semanario, debido que estas autoridades municipales señalaron que realizaron estos procedimientos por evasión de impuestos municipales.

Por lo que, el cierre de un medio representa un atentado contra la Libertad de Expresión y esta medida representa una retaliación política dicha por el propio editor de Semanario Notillanos Vladimir Hidalgo quien expresó en un programa radial local que este medio impreso viene siendo acosado por la Alcaldía de San Fernando producto de ser críticos  a la gestión del Alcalde San Fernando.

A tal fin, Un Mundo sin Mordaza Apure denuncia a nivel internacional esta situación de arbitrariedad del cierre ilegal y arbitrario contra el Semanario Notillanos donde la Alcaldía de San Fernando crea un precedente en este Municipio porque es la primera vez en la historia de los medios impresos de la región llanera que se cierra un Medio de Comunicación por esta situación que obedece más a retaliación política que una infracción cometida por el Semanario. Por lo cual, Un Mundo sin Mordaza-Apure se declara en Emergencia al igual que lo hicieron el CNP Apure-Amazonas y la Conapro-Apure

Un Mundo Sin Mordaza-Apure

Comunicado de  CNP Apure-Amazonas y Conapro-Apure en rechazo de Cierre de Notillanos



San Fernando de Apure 23 de abril de 2010
  COMUNICADO
El Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Apure-Amazonas, reunidos en junta directiva y la Comisión  Nacional de Protección de Periodistas-Apure (Conapro-Apure), reunidos en conjunto, se declara en emergencia y realiza el presente pronunciamiento público por el atentado con la libertad de expresión ejercido tras el cierre arbitrario del medio de comunicación social impreso regional, el semanario Notillanos, ejercido por funcionarios de la Alcaldía de San Fernando de Apure, luego que funcionarios de la Policía del estado Apure, en comisión servicio al Instituto de Policía Municipal, retuvieran e incautaran miles de ejemplares de este rotativo contentivo de preciada información que era esperada por el pueblo en los kioskos y puntos de venta de la región para estar informado de los sucesos más relevante de la sociedad apureña.

Así también repudiamos el cierre temporal de 180 días a Notillanos, acto emprendido por el ayuntamiento sanfernandino, lo que consideramos un abuso de poder por los funcionarios públicos: Jhon Guerra, alcalde de San Fernando; Jhon Bali, presidente del Servicio Administrativo y Tributario de San Fernando (Satsfer); José Alberto Morales, síndico municipal, y el Tcnel. José Pinto Rosario, jefe del Instituto Autónomo de la Policía Municipal de San Fernando, por considerarlo, que valiéndose de su investidura, aplican medidas desproporcionadas y no ajustadas al debido proceso que atenta contra la libertad de expresión y prensa, un hecho sin precedente en el estado Apure.
 Junta Directiva del CNP Apure-Amazonas y Conapro-Apure

Retenido Semanario Notillanos en Puente María Nieves por Funcionarios de Alcaldía de San Fernando
Apure. Eduardo Galindo Peña. 
Este viernes 23 de abril de 2010 en horas de la mañana fue retenido la edición número 267 del Semanario Notillanos en el Puente María Nieves por parte de Funcionarios de la Alcaldía de San Fernando quienes alegaron que este medio impreso no pagaba algunos impuestos municipales.  

El hecho lo denunció la Periodista Saday Flores que trabaja en dicho semanario por un medio radial y quien expresó que esta retención de Notillanos representa un grave atropello contra la libertad de expresión y un abuso de poder por parte del Alcalde de San Fernando que tiene acosado a este medio de comunicación social que está siendo critico contra la gestión del Alcalde de San Fernando. 

Por su parte, el editor del Semanario Notillanos  Vladimir Hidalgo comentó, “por cierre temporal y multa alegan funcionarios de Alcaldía de San Fernando luego de la retención del Semanario Notillanos”.  También dijo Hidalgo, “aquí lo que hay es una retaliación política por ser crítico al gobierno municipal” 

Abogado que respalda a Notillanos Víctor Altuna expresó que el presunto delito que argumenta la Alcaldía de San Fernando es por “Evasión de Impuesto”. También señaló Altuna Desde el principio se está violando el debido proceso al Semanario Notillanos y abuso de funcionarios públicos”. Se conoció adicionalmente que el cierre temporal aplicado por la Alcaldía  de San Fernando es de 180 días al Semanario Notillanos 

En cuanto a los rechazos antes este atropello a la libertad de prensa sufrida al Semanario Notillanos se pronunciaron diferentes organismos. El editor del Semanario Semana Hoy José “Gero” Vazquez declaró que fue un secuestro sufrido con Notillanos y atenta contra libertad de expresión  

De igual forma, el Secretario del CNP Apure-Amazonas José Ramón González dijo, “nosotros como gremio quiero informar que en media hora vamos a estar reuniéndonos para tomas acciones. Esto es un secuestro al semanario Notillanos y muy torpe por su parte”.

jueves, 22 de abril de 2010

Antonio Rivero denunció la presencia de cubanos en áreas estratégicas de Fuerzas Armadas Venezolanas

Acusaciones de un Ex-General que denuncia cubanización del sector militar por el Castro-Comunismo en Venezuela.Dale Click a este Link. Leer nota y ver video corto de Antonio Rivero en Rueda de Prensa

Dale Click a este Link y ver Video en Alo Ciuadadano que dura 22 minutos.
Globovision.com - Antonio Rivero: he asumido el riesgo y me defenderé a razón de lo que conozco y tengo en conciencia

jueves, 15 de abril de 2010

Informe Anual de CIDH 2009 en Español e English


COMUNICADO DE PRENSA

No. 42/10




Washington, D.C.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy su Informe Anual 2009 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El informe consta de cuatro capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2009 y se ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año. Asimismo, el Capítulo IV contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2009.

Respecto a Colombia, la CIDH aborda particularmente los avances y desafíos en el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto, incluyendo la participación de los líderes paramilitares extraditados a los Estados Unidos en los procesos tramitados en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y las actividades de inteligencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, operadores de justicia y la propia CIDH.


Respecto a Cuba, la CIDH prestó particular atención a las situaciones estructurales que afectan gravemente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, en especial respecto a los derechos políticos; las garantías del debido proceso legal e independencia del Poder Judicial; la privación de libertad de los disidentes políticos; las restricciones al derecho de residencia y tránsito; las restricciones a la libertad de expresión; la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, y; la libertad sindical. Además, se reitera que el embargo contra Cuba debe terminar por su impacto en los derechos humanos de la población cubana, pero que éste no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana descritas en este informe.


Respecto de Haití, analiza las situaciones estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos fundamentales de sus habitantes y las graves situaciones de violencia que impiden la debida aplicación del Estado de Derecho; las serias crisis institucionales; los procesos de cambio institucional que pueden tener consecuencias negativas en los derechos humanos; y las graves omisiones en la adopción de normas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.


Respecto a Honduras, el capítulo IV del informe anual es un resumen ejecutivo del informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, que se refiere a la situación de derechos humanos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Dicho informe se basó en gran medida en información recogida durante la visita in loco de la Comisión a Honduras, que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto de 2009. De este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesario para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país. La Comisión constató durante su visita que en Honduras, junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres,  serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos. 


Respecto a Venezuela, el capítulo IV del informe anual es un resumen ejecutivo del informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, mediante el cual la Comisión analiza la evolución de los derechos humanos en dicho país y en particular, una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. La Comisión también observa que en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno y que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. El informe establece que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. El informe de la CIDH indica que los numerosos actos violentos de intimidación provenientes de grupos privados contra periodistas y medios de comunicación, sumados a las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas con base en la línea editorial, y a la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y que amparan la imposición de sanciones drásticas, entre otros factores, configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia vigorosa fundada en el pluralismo y la deliberación pública. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.


Enlaces útiles
Discurso del Presidente de la CIDH, Felipe González, al presentar el Informe Anual 2009 ante el CAJP el 15 de abril de 2010
Video de la Presentación del Informe Anual 2009 ante el CAJP

 
PRESS RELEASE

N° 42/10
 
IACHR PRESENTS ITS 2009 ANNUAL REPORT




Washington, D.C.—The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) today presented its 2009 Annual Report to the Committee on Juridical and Political Affairs of the Organization of American States (OAS).

The report consists of four chapters that recount the activities carried out by the Commission and its Rapporteurships in 2009 and provide information on the processing of petitions and cases and the granting of precautionary measures throughout the year. In addition, Chapter IV contains special sections on the human rights situation in Colombia, Cuba, Haiti, Honduras, and Venezuela, countries the IACHR believed warranted special attention in 2009.

With respect to Colombia, the IACHR specifically addresses the progress and challenges in the clarification of crimes perpetrated during the conflict. These include the participation of the paramilitary leaders extradited to the United States in the Colombian proceedings held under the Justice and Peace Law, a persistent pattern of violation of the rights to life and to humane treatment, the situation of ethnic groups, and intelligence activities against human rights defenders, community leaders, justice operators, and the IACHR itself.
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009eng/Chap.IV.eng.htm#1.Colombia

Regarding Cuba, the Commission paid particular attention to the structural situations that seriously affect the full enjoyment of human rights, especially political rights, guarantees of due process and independence of the judiciary, deprivation of liberty of political dissidents, restrictions on the right to freedom of movement and residence, restrictions on freedom of expression, the situation of human rights defenders, and the freedom to associate in labor unions. The Commission also reiterates that the embargo against Cuba must end because of its impact on the human rights of the Cuban population. This, however, does not exempt the State from compliance with its international obligations, nor does it excuse the State for the violations to the American Declaration described in this report.


Regarding Haiti, the Commission analyses the structural situations that seriously affect the enjoyment of the fundamental rights of its inhabitants. It addresses the grave situations of violence that prevent the proper application of the rule of law, the serious institutional crises, the processes of institutional change that can have negative consequences for human rights, and the grave omissions in the adoption of the necessary norms for the effective exercise of fundamental rights.


With respect to Honduras, Chapter IV of the Annual Report is an executive summary of the report Honduras: Human Rights and the Coup d’État, which addresses the human rights situation since the coup d'état of June 28, 2009. This report was largely based on information gathered during the Commission's on-site visit to Honduras on August 17-21, 2009. It can be inferred from the document that the reported human rights violations are a direct consequence of the breakdown of constitutional order. For this reason, the Commission considers that the return to democratic institutions in Honduras is necessary so that conditions may exist for the effective protection of and compliance with the human rights of all inhabitants of that country. The Commission confirmed during its visit to Honduras that, along with the institutional de-legitimization caused by the coup d’état, there have been grave human rights violations, including deaths, arbitrary declaration of a state of siege, repression of public demonstrations using disproportionate force, criminalization of social protest, arbitrary arrests of thousands of people, cruel, inhuman, and degrading treatment and poor conditions of detention, militarization of the territory, an increase in instances of racial discrimination, violations of the rights of women, serious and arbitrary restrictions on the right to freedom of expression, and grave violations of political rights. The IACHR also confirmed the ineffectiveness of judicial remedies to protect human rights.

 

Regarding Venezuela, Chapter IV of the Annual Report is an executive summary of the report Democracy and Human Rights in Venezuela, in which the Commission examines the evolution of human rights in that country and, specifically, a series of conditions that evidence the lack of effective separation between and independence of the different branches of government in Venezuela. The Commission also notes that in Venezuela the full exercise of their rights has not been guaranteed to all people without regard to their stance towards government policies, and that the punitive power of the State is being used to intimidate or punish persons on the basis of their political opinions. The report establishes that conditions do not exist in Venezuela for human rights defenders and journalists to freely perform their occupations. The Commission’s report indicates that the numerous violent acts of intimidation carried out by private groups against journalists and media outlets, together with the discrediting statements made by high-level officials against the media and journalists on account of their editorial stance and the systematic opening of administrative proceedings based on legal provisions that allow a high level of discretion in their application and enable drastic sanctions to be imposed, along with other factors, make for a restrictive climate that hampers the free exercise of freedom of expression as a prerequisite for a vigorous democracy based on pluralism and public debate. The IACHR has also determined that a pattern of impunity exists regarding cases of violence, which particularly affects journalists, human rights defenders, union members, persons participating in public demonstrations, persons in prison, peasants [campesinos], indigenous peoples, and women. In the opinion of the Commission, all these elements have contributed to the weakening of the rule of law and democracy in Venezuela.


A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Commission is composed of seven independent members who act in a personal capacity, without representing a particular country, and who are elected by the OAS General Assembly.

Useful links
IACHR Web site: