En el marco de la alta conflictividad social que vive el país, caracterizado por la multiplicación de protesta generadas por los más hondos y variados reclamos populares, desde la carencia de elementales servicios públicos hasta el decreto de guerra a muerte impuesto impunemente por el hampa, las amenazas que se dirige el presidente de la República hacia los medios de comunicación y sus periodistas merecen la mayor preocupación, reflexión y vigilancia por parte de la comunidad nacional e internacional.
Son ya nueve años de esta relación traumática en la cual el marco para la libertad de expresión y el derecho al ejercicio periodístico sin riesgos de ninguna especie se ha degradado a niveles impensados hasta hace muy pocos años. La libertad de expresión en Venezuela es un derecho menoscabado y permanentemente amenazado.
El 2008 en materia de amenazas y agresiones a medios y periodistas, de acuerdo al registro cotidiano que lleva el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), no ha sido muy diferente a lo que hemos conocido durante nueve de los diez años de gobierno del presidente Chávez. En ese lapso hemos recorrido casi toda la gama de agresiones y amenazas que se pueden dirigir contra quienes tienen el rol de informar en forma verídica y oportuna a la colectividad.
Sin embargo, los nuevos ataques tienen varios agravantes: los actores son más variados y actúan con mayor impudicia e impunidad, con lo cual queda en evidencia que cuentan con el aval y consentimiento del gobierno nacional; las amenazas han subido de tono y se hacen sin el mayor respeto por lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y pactos internacionales firmados por Venezuela. Se persigue a medios y periodistas con desembozada inescrupulosidad, como ocurre con los casos de Globovisión, por citar un medio, y Mario Villegas, por citar un periodista. El cierre de las fuentes y la discriminación a los medios no oficiales se han convertido en prácticas comunes y corrientes que ejercen hasta los más modestos funcionarios siguiendo el pésimo ejemplo de sus superiores.
Todo esto determina que la confrontación entre el gobierno y los medios, lo cual puede ocurrir eventualmente en cualquier sociedad democrática, quede planteada en términos absolutamente existenciales, como si uno de los dos sectores no pudiera sobrevivir al otro. Y pareciera irremisiblemente perdida la capacidad de diálogo para revertir situación de tanto riesgo para un país que quiere vivir con libertad de expresión, en paz y democracia. Huelga señalar que esa tónica agresiva y amenazante ha invadido y marcado en forma deplorable otros ámbitos de relaciones de la vida nacional.
Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) no cabe duda que la democracia venezolana está en riesgo. Con el paso de los días se acentúa esa espiral descendente por la que se deslizan el respeto a la ley y a los derechos ciudadanos. Defender la democracia comienza por apuntalar uno de sus pilares fundamentales como lo es la libertad de expresión. El SNTP expresa su reconocimiento que en este sentido viene desarrollando el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y grupos de derechos humanos. Respaldarlos es el deber de todos quienes consideran que Venezuela merece un futuro de paz, desarrollo y verdadera democracia. LA JUNTA DIRECTIVA. Caracas, 22 de noviembre de 2008.
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