Artículos de Opinión. Venezuela

LA DRACONIANA HOY

¿DEMOCRACIA? CUANDO ME CONVIENE

Rosa Mireya Marcano

CNP. 8299

rosamireyamarcano@gmail.com

Durante el gobierno de Joaquín Crespo se creó una ley dirigida a socavar todas las bases de la libertad de prensa y de expresión, la cual fue tan severa que pasó a ser conocida como “La Draconiana”. Los periodistas que no la cumplían eran juzgados por el Código Penal y enjuiciados por el Procurador de la época. ¿La historia es cíclica?

Según el investigador Tomás Liscano en su libro “Libertad de Prensa en Venezuela”, esa ley era “una burda red de requisitos deprimentes para el periodista”, ya que -entre otros aspectos- señalaba que cualquier persona que creara un diario debía presentar el proyecto a la primera autoridad política del estado donde se fundaría, el solicitante debía decir donde estaba ubicado el establecimiento que lo iba a imprimir e informaciones detalladas sobre el propietario, director y redactores. Gracias a las presiones ejercidas en la época, esta ley solamente duró cuatro años. Fue tan duramente criticada por todos los sectores de la sociedad venezolana que Joaquín Crespo tuvo que derogarla.

Me refiero a este episodio de nuestra historia debido a la persecución sistemática que existe actualmente contra los medios de comunicación que denuncian las irregularidades cometidas por el gobierno. Se pretende implantar una hegemonía comunicacional con una sola línea de pensamiento: la de Hugo Chávez Frías, impidiendo la información, el periodismo de opinión y los editoriales que no les convenga al gobierno y criminalizando –como en la época de la Draconiana de Joaquín Crespo- a quienes osen ir en contra de la propaganda oficial.

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, es un claro ejemplo de este acoso. En el programa de radio "En Sintonía con el Ministerio Público", Ortega Díaz expresó que solicitará una ley sobre delitos mediáticos, pues los instrumentos jurídicos vigentes sólo establecen sanciones administrativas y no tipifican los delitos o conductas que puedan ser penalizados.

¿Habrá olvidado la fiscal general que el artículo 296-A del Código Penal establece que "todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años? ¿Quiénes serán los ejecutores de la nueva Ley de delitos mediáticos?, ¿Hasta dónde llegará la injerencia de un gobierno voraz de las libertades?, ¿Quiénes serán juzgados por la misma?. La respuesta es obvia. La draconiana del siglo XXI entró en vigencia hace tiempo en Venezuela y ahora será más estricta con los medios que le son incómodos al régimen.

A este aspecto se une el anuncio que realizó El ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de Conatel, Diosdado Cabello, indicando que La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) retirará la concesión radioeléctrica a 240 emisoras de radio (86 AM y 154 FM) y a 45 canales de televisión debido a que no actualizaron sus datos ante el organismo durante el proceso que se realizó por un mes basado en una normativa que regula el sector, el cual culminó el 23 de junio del presente año. Claro que la sanción incluye el decomiso de los equipos y la inhabilitación del uso del espacio radioeléctrico por cinco años según la Ley de Telecomunicaciones aprobada en el 2000.

Cabello afirmó que "Estamos empeñados en erradicar totalmente el latifundio radioeléctrico". La pregunta sería ¿Quién es el verdadero latifundista de los medios? Con solo cambiar el dial de las emisoras radiofónicas o dar un recorrido por los diferentes canales de la televisión venezolana cualquiera se puede dar cuenta.

La otra información que dio Cabello, y que servirá para seguir asfixiando a los medios de comunicación privados y apoyar la censura, es que Conatel abrirá una serie de procedimientos administrativos sancionatorios contra las radios y televisoras que hayan transmitido la publicidad de Asoesfuerzo y Cedice sobre la propiedad privada. Y no conforme con esto, penalizarán a las empresas que produjeron la cuña, además de prohibir la transmisión de la misma mientras se realiza la apertura del procedimiento penal para averiguar si están delinquiendo por “legitimación de capitales”.

¿Qué es lo que molesta?, ¿Qué se hable de la propiedad privada o que las personas que dijeron NO a la Reforma de la Constitución en el 2006 se den cuenta que le están metiendo de contrabando el artículado no aprobado por la mayoría del pueblo?

Y no hay que olvidar el punto de honor de Chávez: el cierre del canal de noticias Globovisión, (al que Conatel, durante el presente año, le ha abierto cinco procedimientos administrativos.) Es impresionante el miedo que le tiene el gobierno a una televisora que ni siquiera tiene cobertura nacional. Por esto, la amenaza está latente y al igual que Radio Caracas Televisión, el cierre de Globovisión parece inminente.

Finalmente para reflexionar: ¿Qué hará la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando cierren otro medio venezolano?, ¿Refrendarán la impresión que tienen muchos en la actualidad sobre este organismo: que apoya a la democracia sólo cuando le conviene? Esperaremos y conoceremos… Todavía queda mucha historia por contar.

Rosa Mireya Marcano

CNP. 8299

rosamireyamarcano@gmail.com

CNP alerta al país sobre ola de censura.

Fuente: CNPVEN
El Colegio Nacional de Periodistas quiere alertar a toda la nación las peligrosísimas implicaciones y las nefastas consecuencias para la vida nacional que tendría la eventual aprobación de una presunta ley “en contra de los delitos mediáticos”, tal y como lo ha sugerido la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

Los delitos ya están tipificados en la Constitución y las leyes vigentes; no necesitamos más. La sola expresión “Delito Mediático” se explica por sí sola. Constituye un ardid poético-jurídico fraguado por los instrumentos estatales para impedir el ejercicio de la crítica y del periodismo; para criminalizar y neutralizar las posiciones editoriales que no le convengan al gobierno nacional y para intimidar a toda la sociedad venezolana con un arma: la posibilidad de sanciones penales usadas a discreción contra quienes se tomen el atrevimiento de publicar reportajes inconvenientes, o denuncias que lastimen los intereses de los poderosos, o insumos que contradigan la propaganda oficial.

El gobierno nacional sabe que el trabajo de periodistas, medios de comunicación y articulistas contradice la discutible versión de la realidad que ofrecen los medios oficiales y está haciendo todo lo posible por neutralizarlos. Para muestra un botón: la prohibición del spot del Cedice en el cual se defiende la propiedad privada. Independientemente de las opiniones que se puedan tener sobre el fondo del mensaje, el gobierno acude al expediente de la censura porque lo dicho le molesta y lo deja en evidencia.

Los venezolanos ya sabemos lo que significan en castellano este tipo de ardides. “Delito mediático” se parece demasiado a “no renovación de concesión” o a “democratización del espectro radioeléctrico” cuando quiere maquillar aquello que prometió jamás hacer: cerrar un canal de televisión, clausurar radios o aplicar, en términos policiales, la censura. El CNP invita a reflexionar a la Fiscal Ortega Díaz, así como a los parlamentarios que tanto se devanan los sesos buscando caminos legales para ponerle apellidos o trabas legales al ejercicio de la libertad. En Cuba, por ejemplo, un cargo judicial por “propaganda enemiga” le puede acarrear décadas de cárcel, no sólo a un periodista, sino a un activista o a un ciudadano cualquiera.