Se definieron los cuatro objetivos de la Alianza, entre ellos, proponer instrumentos legales que fortalezcan este derecho humano y reformar aquellos artículos que afectan el libre flujo de información y opiniones. En la sede del Colegio Nacional de Periodistas, las organizaciones que conforman la Alianza por la Libertad de Expresión hizo un llamado a votar y a respetar los resultados del 26 de septiembre, a la vez que alertó que debe respetarse el trabajo de los reporteros que cubren los comicios parlamentarios, y que se les garantice el acceso a la información.
En la rueda de prensa estuvieron presentes la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett; Gustavo Hernández, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela; Gregorio Salazar, de la Federación Internacional de Periodistas; Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa; Luis Zambrano, de la ONG Expresión Libre; Emily Avendaño, en representación del Instituto Prensa y Sociedad. A la Alianza pertenecen otras organizaciones gremiales, académicas y de la sociedad civil relacionadas con el tema de la libertad de expresión y del periodismo.
La presidenta del CNP leyó un comunicado en el que la Alianza declara públicamente sus cuatro objetivos principales: la documentación de los casos de violación de la libertad de expresión; hacer contraloría social del estado de este derecho en el país; promover la difusión de lo que significa en la población venezolana, tanto desde la academia como de la sociedad misma; y, finalmente, proponer leyes o modificaciones de artículos que apuntalen el acceso de los ciudadanos a una información libre y que haya acceso a las fuentes y a las opiniones.
En el comunicado que se leyó, los miembros de la Alianza alertaron sobre el avance hacia la imposición de un régimen de pensamiento único utilizando “la vieja estrategia de detener el libre flujo de informaciones y opiniones que caracterizan a toda sociedad democrática, mediante mecanismos que van dese los cierres de medios de comunicación hasta el amedrentamiento de forma solapada de quien da una declaración a la prensa”.
Gustavo Hernández, presidente del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, por su parte enfatizó en el hecho de que la libertad de expresión es un derecho constitucional y que se debe respetar por encima de todo. Igualmente, las organizaciones recordaron que la libertad de expresión no se constata con la difusión de la noticia o la opinión que es favorable a los factores de poder, sino con la que es particularmente molesta. “Las críticas o las informaciones que no están alineadas con la opinión de un líder o el interés de un partido político son justamente las que prueban el estado de la libertad de expresión (…) Acallarlas va en detrimento no sólo de quien se pretende silenciar, sino también del gobierno que lo permite”.
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