Con el comienzo de la campaña electoral, de cara a las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, el Colegio Nacional de Periodistas quiere hacer un llamado a las autoridades nacionales, actores políticos, dueños de medios, colegas periodistas y factores sociales en general para contribuir a desarrollar una contienda civilizada, apegada a el marco constitucional, que contribuya a fortalecer el sistema político en el cual los venezolanos decidimos desarrollar de manera irrevocable nuestra historia como nación: la democracia.
Las autoridades y el gobierno nacional deben cumplir y hacer cumplir la letra de la ley. Los actores políticos en pugna deben hacer un llamado a su militancia para el desarrollo de un marco proselitista pacifico y armónico. Los dueños de medios y los periodistas deben garantizar una cobertura equilibrada y justa de todos los eventos municipales y estatales.
Todos, desde el Presidente de la República hasta el ciudadano común, debemos observar respeto y obediencia hacia las disposiciones que dicte el Consejo Nacional Electoral.
En este orden de ideas, el Colegio Nacional de Periodistas quiere hacer un señalamiento específico, esperando con ello no alimentar polémicas innecesarias.
En cosa de una semana, el periodista Hernán Lugo Galicia, de El Nacional, y la sede de Globovision, han sido objeto de bruscas amenazas y –en el caso de la planta televisiva- de vandálicas agresiones abiertas que a todos como ciudadanos deben llamarnos a la reflexión.
Han sido perpetradas por activistas convencidos de que se gesta un plan magnicida en contra del presidente Chávez. Como quiera que, a este respecto, no se ha presentado una sólo prueba consistente ni media pronunciamiento alguno de un tribunal, el CNP se pregunta si es útil, si es conducente, este “estado general de sospecha” en el cual algunos son culpables salvo que se demuestre lo contrario.
Si el gobierno tiene algún elemento de convicción sobre planes magnicidas debe demostrarlo a la brevedad y proceder inmediatamente ante los tribunales.
En cualquier caso, en todo el país nacional no parece haber ánimo alguno de golpe: por ninguna parte se ven marchas pidiéndole la renuncia a Chávez, ni llamados frenéticos al sabotaje o la abstención. El grueso de los actores políticos está haciendo su campaña electoral de forma rutinaria y pacífica.
Todos los actores sociales, incluyendo a los dueños de medios y periodistas, están obligados a salvaguardar el orden democrático, fortalecer el civismo y garantizar una cobertura ajustada y completa de lo que sucede.
Para el Colegio Nacional de Periodistas, sin embargo, la responsabilidad fundamental de lo que pase en la sociedad recae en el ente que administra las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia, la policía, e, incluso, los poderes públicos: el gobierno.
El mismo que está en la obligación ponerle freno a sus seguidores más exaltados para que no se repitan estos episodios repudiables.
Las autoridades y el gobierno nacional deben cumplir y hacer cumplir la letra de la ley. Los actores políticos en pugna deben hacer un llamado a su militancia para el desarrollo de un marco proselitista pacifico y armónico. Los dueños de medios y los periodistas deben garantizar una cobertura equilibrada y justa de todos los eventos municipales y estatales.
Todos, desde el Presidente de la República hasta el ciudadano común, debemos observar respeto y obediencia hacia las disposiciones que dicte el Consejo Nacional Electoral.
En este orden de ideas, el Colegio Nacional de Periodistas quiere hacer un señalamiento específico, esperando con ello no alimentar polémicas innecesarias.
En cosa de una semana, el periodista Hernán Lugo Galicia, de El Nacional, y la sede de Globovision, han sido objeto de bruscas amenazas y –en el caso de la planta televisiva- de vandálicas agresiones abiertas que a todos como ciudadanos deben llamarnos a la reflexión.
Han sido perpetradas por activistas convencidos de que se gesta un plan magnicida en contra del presidente Chávez. Como quiera que, a este respecto, no se ha presentado una sólo prueba consistente ni media pronunciamiento alguno de un tribunal, el CNP se pregunta si es útil, si es conducente, este “estado general de sospecha” en el cual algunos son culpables salvo que se demuestre lo contrario.
Si el gobierno tiene algún elemento de convicción sobre planes magnicidas debe demostrarlo a la brevedad y proceder inmediatamente ante los tribunales.
En cualquier caso, en todo el país nacional no parece haber ánimo alguno de golpe: por ninguna parte se ven marchas pidiéndole la renuncia a Chávez, ni llamados frenéticos al sabotaje o la abstención. El grueso de los actores políticos está haciendo su campaña electoral de forma rutinaria y pacífica.
Todos los actores sociales, incluyendo a los dueños de medios y periodistas, están obligados a salvaguardar el orden democrático, fortalecer el civismo y garantizar una cobertura ajustada y completa de lo que sucede.
Para el Colegio Nacional de Periodistas, sin embargo, la responsabilidad fundamental de lo que pase en la sociedad recae en el ente que administra las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia, la policía, e, incluso, los poderes públicos: el gobierno.
El mismo que está en la obligación ponerle freno a sus seguidores más exaltados para que no se repitan estos episodios repudiables.
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